La tecnología está transformando las ciudades de todo el mundo. Millones de sensores y la ya conocida Internet de las Cosas nos permitirán disponer de numerosa información de forma continua y en tiempo real en las ciudades del futuro, pero
lo que algunos consideran un gran avance para otros es un enorme atentado contra nuestro derecho a la privacidad. La gran duda es la siguiente: ¿Quién va a supervisar y, por lo tanto, controlar toda esa información en las denominadas “ciudades inteligentes” del futuro?
¿Los ayuntamientos? ¿Los gigantes tecnológicos?
Ahora,
la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, podría desbaratar los planes de las grandes empresas tecnológicas que han puesto sus ojos en toda esa información, sentando un precedente para el resto de ciudades inteligentes de todo el mundo.
¿Qué es una ciudad inteligente?
Aunque es un concepto emergente y no exento de polémica, hay un creciente consenso en tecnología en catalogar una ciudad como “inteligente” cuando tres de sus redes específicas interactúan entre sí, concretamente: la red de comunicaciones, el sistema de energía y la llamada "Internet de logística", que puede rastrear a las personas y las cosas a través de los sistemas de transporte y suministro. Sin embargo, esto plantea un serio problema:
¿Quién controlará el proyecto y será dueño de los datos que genere la ciudad?
Vivimos en una época en la que el software del supermercado sabe quiénes somos y cómo somos analizando nuestras opciones de compra; nuestro proveedor de correo electrónico nos puede enviar anuncios personalizados en función de las palabras clave que detecta en nuestros correos supuestamente privados, etc. En realidad, si nos paramos a analizar un poco nuestro día a día, podríamos ofrecer infinidad de ejemplos en los que difícilmente se mantiene intacto el derecho a la privacidad, pero
los problemas que plantean las ciudades inteligentes van incluso más allá de privacidad, tocando aspectos tan importantes y serios como la democracia y el control.
Más de 2,5 mil millones de personas en todo el mundo llevamos, de forma voluntaria, un dispositivo de localización: nuestro teléfono inteligente. Con él podemos buscar el restaurante más cercano, comprar un billete de tren e incluso ligar con gente que se encuentre cerca de nosotros en ese momento, pero este dispositivo también permite determinar todos y cada uno de nuestros movimientos. Otros servicios de las ciudades inteligentes ayudan a esta localización permanente: por ejemplo, si alquilamos una bicicleta, el sistema de transporte de la ciudad sabrá dónde empezamos y terminamos nuestro recorrido.
Los problemas de privacidad relacionados con todo esto se evitan limitando el flujo de datos entre los sectores público y privado; y convirtiendo al individuo en el centro del flujo de información. Sin embargo,
en una ciudad inteligente es necesario que la información fluya libremente entre sectores que, normalmente, en el mundo comercial estarían al margen. El sistema de energía tiene que saber qué está haciendo el sistema de transporte, es decir, habría gestionar toda la ciudad como un sistema integrado en donde cualquier cambio registrado reconfigure automáticamente la actividad en otro lugar. Por ejemplo, si se produce un accidente de trafico en un punto de la ciudad, el sistema desviaría temporalmente los autobuses, redibujaría los carriles bici y enviaría transporte público adicional a los suburbios afectados. Pero
para que todo esto sea posible, habría que dirigir la ciudad como un "Gran Hermano" en el que sea el gobierno de la ciudad, no el individuo, quien tenga el control.
Por ello,
las empresas de tecnología se dieron cuenta, desde un principio, que sólo es posible construir una ciudad inteligente con un nuevo tipo de gobierno municipal. De ahí que continuamente, en cada congreso y conferencia, estén bombardeando a los alcaldes y otros dirigentes municipales con publicidad sobre las nuevas tecnologías de las ciudades inteligentes.
Posibles riesgos
Los riesgos son muchos e importantes; y de sobra conocidos para cualquiera que esté familiarizado con el mundo de la informática y su historia. Podemos resaltar los siguientes:
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La obsolescencia: cuando el software de algún gigante tecnológico se consolida entorno a los sistemas existentes, impidiendo la innovación y sacando gran provecho en el proceso.
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Los contratos blindados: contratos de 20-40 años firmados con algún proveedor de TI cuyo código no podemos ver y que le permite utilizar todos los datos generados de forma gratuita por los ciudadanos. Esto podría bloquear los progresos de empresas de información más pequeñas e innovadoras, e impedir cualquier intento de lograr que los datos de la ciudad se liberen y compartan.
Y el más importante:
- ¿
Una amenaza para democracia?: según la consultora de ingeniería Arup, gestionar una ciudad inteligente con la actual estructura de un gobierno municipal sería como tratar de gestionar Amazon con las infraestructuras de una pequeña librería local. De ahí que la campaña de marketing de las ciudades inteligentes deje entrever un giro obligatorio hacia soluciones más globales "de abajo hacia arriba" y participación comunitaria.
The Guardian se hace eco del caso de Madrid
Podría haber otra forma de hacer las cosas según
The Guardian refiriéndose al caso del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha puesto de manifiesto en un documento de consulta a sus asesores:
En lugar de ver la ciudad como un "sistema" que debe ser automatizado y controlado, la visión del ayuntamiento de Madrid concibe la ciudad como un "ecosistema" de redes humanas diversas, en competencia y no controladas.
Basta con ver la pregunta realizada por la alcaldesa de Ahora Madrid: en lugar de preguntar qué redes de la ciudad debemos automatizar y conectar entre sí, Manuela Carmena preguntó a sus asesores:
¿Cuáles son los problemas sociales que queremos que la tecnología resuelva?
En lugar de mantener la financiación de sistemas propietarios con dinero público,
los asesores aconsejaron a Carmena que apoye las tecnologías de colaboración de código abierto.
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| Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid |
El resultado es la visión de una “ciudad inteligente no neoliberal” que incorpora tres principios que no son bienvenidos en el mundo de las empresas tecnológicas de alta rentabilidad:
- Apertura
- Participación democrática
- Y una política clara de que los datos generados a partir de los servicios públicos deberán ser de propiedad pública.
En definitiva,
se trata de poner la tecnología al servicio del pueblo, en vez de al contrario.
Así, en lugar de empezar por el sistema de transporte, como se está haciendo en muchas otras ciudades del mundo, en Madrid se ha preferido que el primer despliegue de nuevas tecnologías permita a los ciudadanos:
- Denunciar problemas de corrupción
- Resolver problemas de equidad en la distribución de recursos
- Abrir un debate sobre el acceso a la energía.
Junto a
Barcelona, Madrid es una de las ciudades pioneras a nivel mundial en la adaptación a ciudad inteligente, de ahí que sea de las pocas ciudades del mundo (por no decir la única) en las que
se ha generado un debate real sobre qué queremos que la tecnología haga por las ciudades y quién debería controlar esa tecnología.
No hay duda de que las ciudades inteligentes darán lugar a todo un nuevo mercado de proporciones incalculables del que el sector privado tratará de sacar el mayor provecho. Esta adaptación podría suponer una inyección de aire fresco en la vida económica de las ciudades. Sin embargo, si encuentra a su paso gobiernos locales desinformados que se han dormido en los laureles en lugar de hacer sus deberes, el resultado podrían ser sistemas caóticos y difíciles de manejar, además de una erosión de la democracia.
Es fundamental que los gobiernos municipales dejen de ser peleles de los gigantes tecnológicos y empiecen a pensar por sí mismos para decidir, desde un principio, cómo sería la tecnología al servicio del pueblo.
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